Familiares y simpatizantes de enfermos mentales graves que no se quieren medicar piden la regulación del tratamiento ambulatorio involuntario
Recogida de firmas para Ministerio de Sanidad y Defensor del Pueblo, entre las iniciativas
Según los afectados, un limbo legal somete a los enfermos y familiares a serios problemas sanitarios y jurídicos. En su iniciativa recogen textualmente:
“Somos un grupo de familiares de enfermos mentales graves que no se quieren medicar y que queremos mostrar nuestra indignación y frustración ante la inseguridad de atención médica y jurídica a la que están sometidos desde hace años.
Aunque al parecer algo se mueve en los últimos tiempos, ahí está el ejemplo de la Asociación Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses que se ha planteado este reto, a día de hoy y desde la legalidad poco se puede hacer con los enfermos mentales graves que no quieren medicarse.
El principal escollo para legislar sobre este tema parece ser el respeto a la autonomía del paciente que decide no medicarse. Por experiencia propia con familiares directos ,los afectados opinamos que entre el respeto a dicha autonomía y el abandono y desamparo asistencial de estos enfermos hay una fina línea que nadie se atreve o quiere regular. En consecuencia, por este exceso de celo garantista, “tenemos a nuestros familiares cada vez con más deterioro físico, psíquico y social”.
Al mismo tiempo nos preguntamos si “acaso esto no es un daño y perjuicio incluso reclamable”.
La prensa nacional ya se ha hecho eco en más de una ocasión de este grave problema, sin que hasta ahora se haya solucionado.
Una solución sería, según expertos psiquiatras entre los que se encuentra la Asociación Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, la regulación del tratamiento ambulatorio involuntario porque es una medida menos restrictiva de derechos que el internamiento y menos radical y compleja que la incapacitación. Evitaría ingresos y recaídas, favorecería la adherencia al tratamiento, lo que disminuiría el sufrimiento personal, los costes del sistema, mejoraría la convivencia familiar y reduciría las conductas violentas. En este caso no hay restricción de libertad porque estamos ante la pérdida de la salud mental y de la libertad de poder decidir. No existe ruptura de la alianza terapéutica pues son enfermos sin consciencia de su enfermedad, con una capacidad de instrospección mínima o inexistente. Se reduciría la discriminación y el estigma social de estos enfermos y controlar mejor las conductas disruptivas que presentan cuando no reciben tratamiento.
Según el prestigioso psiquiatra y forense José Carlos Fuertes Rocañín,en declaraciones al Diario Médico, “la actual legislación genera una situación incómoda para el médico, peligrosa para el enfermo, frustrante para la familia y económicamente negativa para los sistemas públicos de salud”.
En nuestra opinión , ya es hora que alcemos la voz alto y claro para que de una vez por todas se regule esta situación y por supuesto, como es de sentido común, con las máximas garantías clínicas y legales para los enfermos.
Es por ello que pedimos amparo al Defensor del Pueblo y rogamos haga las gestiones ante los diversos organismos públicos en el orden legislativo o ejecutivo. En este mismo sentido nos dirigimos al Ministerio de Sanidad”
Aquellas personas que se quieran adherir a la petición formulada al Ministerio de Sanidad pueden hacerlo en este enlace:
Faro de Chipiona
